OTRO ERROR DE SEBASTIÁN PIÑERA.
Un mandatario debe revisar muy bien los antecedentes de sus asesores o delegar esta función a un equipo serio y responsable. Elegir gente asociada a violaciones de derechos humanos es un error político muy grave. A Otero se suma ahora el caso Alberto Labbé. Es recomendable que el gobernante corte lazos con los servidores del dictadorzuelo Augusto Pinochet y actúe con independencia, aún cuando haya adquirido compromisos con estos grupos durante su candidatura presidencial.
ANTECEDENTES:
Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos exigió la destitución del embajador Labbe Galilea, quien fue inculpado por la jueza Raquel Lermanda en el proceso por los crímenes de la Operación Cóndor acontecidos en 1975 y 1976, mientras se desempeñaba como segundo secretario de la embajada de Chile en Buenos Aires.
La jueza Raquel Lermanda interrogó ayer (julio 6) al actual embajador de Chile en Panamá, Alberto Labbé Galilea, para que aclarara sus vínculos con un grupo de agentes de la DINA que, entre los años 1975-1976, operaron en la embajada de Chile en Buenos Aires, cuando Labbé era el segundo secretario.
El Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Interior pidió a la jueza que interrogue a Labbé en calidad de "inculpado" por los crímenes de la Operación Cóndor, y así acogió la magistrada la diligencia pedida, sin explicitar si lo interrogaría en calidad de testigo o en la calidad solicitada.
Ayer la Cancillería dijo en un comunicado que la jueza lo interrogó "en calidad de testigo" y que, "prestada su declaración, la ministra Lermanda le señaló que no había inconveniente en que dejara el país y asumiera sus nuevas funciones".
En esos años y desde esa sede diplomática intervenida por la DINA, se coordinaron acciones con la dictadura en Santiago que significaron la desaparición de varios chilenos opositores al régimen militar de Augusto Pinochet.
Antecedentes del proceso revelan que Labbé enviaba por valija diplomática a Santiago a "Luis Gutiérrez", información acerca de las actividades de chilenos exiliados en Argentina.
"Luis Gutiérrez" era la chapa que la DINA asignaba al jefe del departamento exterior de ese organismo.
En ese tiempo, esa embajada colaboró en el montaje de la Operación Colombo, por la cual la dictadura intentó hacer creer que los detenidos desaparecidos no existían.
El diplomático entregó su testimonio este martes ante la magistrada, luego que la abogada Karina Fernández, representante del Programa de Derechos Humanos (PDH) del Ministerio del Interior solicitara la diligencia, atendido que al menos dos ex agentes de la desaparecida policía secreta, le imputaron una relación con los documentos que desde Argentina -donde era secretario de la agregaduría- enviaban los espías chilenos a la inteligencia de la época.
En esa línea Labbé -quien es hermano del Cristian, ex agente de la DINA y alcalde de Providencia- relató a la magistrada que permaneció como funcionario de la embajada de Chile en Buenos Aires desde 1974 a 1979, período en el cual este servicio represivo mantenía como agente clandestino para la guerra antisubversiva, a Enrique Arancibia Clavel. Este último es el único condenado por el atentado bomba que terminó con la vida del ex comandante en Jefe del Ejército, Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert en septiembre de 1974.
Informes políticos
El diplomático mantuvo una línea de negar cualquier conocimiento de las actividades de la DINA. Más aún de los agentes de servicio adscritos a la embajada, Carlos Labarca Sanhueza y Luis Palma Moreno. En ese sentido, dijo que su labor fue sólo hacer informes políticos para el entonces embajador René Rojas Galdámez.
Sin embargo, dijo conocer a los enlaces de la DINA en la legación, Víctor Barría Barría y Osvaldo Hernández Pedreros, quienes trabajaban en la sección de operaciones exteriores.
Básicamente, la imputación a Labbé es que estaba vinculado a los envíos de documentación por la valija diplomática. Según la fuente consultada por este diario, el embajador aseguró que toda la información secreta nunca pasó por sus manos, sobre todo aquella referida a los chilenos que desaparecieron en Argentina en la Operación Cóndor y Colombo, también conocida esta última como el caso de los 119.
Cambio de última hora
Hubo un hecho que llamó la atención del abogado querellante Boris Paredes, respecto de la conducta judicial de la magistrada Lermanda. Y es que cuando se le solicitó que Labbé declara como inculpado, resolvió favorablemente a la diligencia. Sin embargo, cuando Labbé se sentó al frente, sólo fue inquirido como testigo.De todas formas Paredes solicitará en los próximos días varios careos con los ex agentes Labarca Sanhueza y Hernández Pedreros, donde Labbé debiera hacerlo en calidad de inculpado. Si Lermanda rechaza la solicitud, entonces los recurrentes apelarán a la Corte, donde la sala bien podría revocar la decisión y obligar a Labbé a viajar a Chile y prestar una nueva declaración.
Al mismo tiempo, el caso de Labbé se transformará en la prueba de fuego para definir la independencia del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior. Y esto, porque en el antiguo sistema de persecución penal, cuando una persona es imputada por un tercero, la lógica es que declare como inculpado. Hay que recordar que el PDH ha estado en el centro de la polémica en las últimas semanas, luego de que fuera citado, antes de Labbé, el ex comandante en jefe del Ejército y actual subsecretario de Defensa, el general (R) Óscar Izurieta, en calidad de testigo en el proceso por Víctor Jara, decisión adoptada por el tribunal de alzada capitalino.
El gobierno, en ambos casos, ha manifestado su molestia con las diligencias solicitadas a autoridades en ejercicio. De hecho, el propio subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, criticó la eficiencia de los abogados del programa, aludiendo a la demora en la tramitación de las causas, eso sí, cometiendo un error de concepto, porque estas últimas son sustanciadas por los jueces quienes manejan sus tiempos de investigación.
OPERACIÓN CÓNDOR
