Otra mirada sobre el DAKAR
"En el tema del patrimonio, somos todos responsables" y resaltó que "no es la primera vez que el Estado propicia iniciativas que no están debidamente cauteladas desde el punto de vista del patrimonio". Jorge Atria
Nota escrita por Mempo Giardinelli, otra mirada sobre el Dakar, muy valiosa mirada:
Cuando el fiscal de Río Cuarto Walter Guzmán archivó la investigación por la muerte de Natalia Sonia Gallardo -una cordobesa de 28 años que miraba el paso del Rally Dakar- y decidió ni siquiera imputar al piloto alemán Mirco Schultis, la Argentina toda pareció no darse cuenta de lo que esto significa.
"La conducta del corredor es la propia de una carrera" -determinó Guzmán- y la joven "estaba en un lugar donde no era permitido ubicarse".
Algo así como "algo habrá hecho" la víctima, descartando olímpicamente que el motociclista se salió del camino y atropelló e hirió a varios espectadores, y que había una enorme organización detrás de él.
La joven Gallardo no es la primera víctima del Dakar en Sudamérica. Ya el año pasado tres personas perdieron la vida: el motociclista francés Pascal Terry, encontrado muerto tres días después de desaparecer, y dos ciudadanos en Chile, en un accidente sugestivamente silenciado.
El mismo silencio cubre la historia negra de esta carrera originalmente llamada Rally París-Dakar, que fue prácticamente expulsada de Europa y de Africa, y a la que Francia exigió incluso que se le quitara el nombre de su capital. Salvo aquí, el mundo entero sabe del desprestigio de un "espectáculo" que no es más que la aventura de unos pocos privilegiados, que ha producido ya más de 50 muertes y que por doquier deja desastrosas consecuencias ambientales.
El Rally se hizo famoso por el desafío que era unir en coche Francia con Senegal. En los primeros años nose pensaba en los daños ecológicos que se producían y tampoco se cuestionaba el trato inhumano hacia los habitantes de los países africanos, entonces poco menos que bestias de carga en los campamentos. El Rally era un "safari" y con el tiempo muchos empresarios fueron descubriendo el filón que significaba el concurso de las más famosas marcas de vehículos, bebidas, tabacos y otros artículos de consumo de ricos, más los derechos de televisión.
Pero tuvieron que irse de Africa cuando los países africanos se convirtieron en "inseguros". Un poco por hartazgo ante el daño ecológico, otro por circunstancias políticas y algunos atentados, el Rally Dakar, con el nombre reducido y nulo prestigio en Europa, debió buscar otros horizontes. Parece que hubo intentos de hacer la carrera en los Estados Unidos (Cañón del Colorado), Canadá y Australia. Pero fracasaron porque esos países, cuando depredan, lo hacen hacia fuera: en sus territorios son rigurosamente conservacionistas.
Entonces apareció la opción sudamericana, donde hay buena rentabilidad, cero rigor ambiental y funcionarios con reputación de coimeros. Argentina y Chile, dos países con reconocida distracción ambiental y nulo combate a la corrupción, eran ideales. Y encima, el cholulismo del poder y de los medios les facilita conseguir subsidios estatales, de manera que buena parte del enorme costo lo terminan pagando los contribuyentes depredados.
Los daños son tremendos, porque en los paisajes andinos, como en los desérticos, la vida vegetal y animal está siempre en delicado equilibrio, que se rompe ante el rugido de cientos de motos, autos y camiones, a grandes velocidades y consumiendo miles de litros de combustibles.
Al parecer, y según informes circulantes en la web, el itinerario fue modificado este año en su paso por Mendoza, porque algunos dueños de tierras les han hecho juicio. En Córdoba también. En cambio La Rioja , Catamarca y San Juan ya se sabe que son tierra de nadie para el desastre ecológico.
Precisamente a finales de 2009 se conoció -aunque los grandes medios porteños casi no le dieron espacio- que la Universidad Nacional de Córdoba, por abrumadora mayoría y luego de un largo debate, rechazó los fondos "donados" por la Minera La Alumbrera de San Juan. Antes lo habían hecho ya las UN de Río Cuarto y de Luján. El doctor Raúl Montenegro, uno de los impulsores del rechazo, calificó la decisión de "histórica" y "profundamente ética" porque los fondos "proceden de una empresa que consume irracionales cantidades de agua en una provincia semiárida, contamina el ambiente y rompe los tejidos sociales con sus practicas clientelares".
No son meras palabras: desde 1997 la mina utiliza 95 millones de litros de agua por día que obtiene en Campo del Arenal, una reserva de agua subterránea poco conocida. Consume el 25 por ciento de la energía eléctrica del NOA y el 87 por ciento del consumo total de la provincia de Catamarca. Y desde 1999 se detectan drenajes ácidos que, según Montenegro, "son la peor amenaza de la minería". Los efectos contaminantes no se reducen a Catamarca; se han comprobado en Tucumán y hasta en el embalse de Río Hondo, Santiago del Estero.
La prensa nacional calló, casi masivamente, la represión del 19 de diciembre pasado en Andalgalá, donde fuerzas de Gendarmería desalojaron la ruta donde los habitantes protestaban contra la minera. ¿Por qué? Porque el pueblo entero de Andalgalá, de 20.000 habitantes, fue vendido recientemente para la explotación minera y va a desaparecer.
La indefensión ambiental argentina es ya escandalosa. Ahí están los canales de Areco y los miles que debe haber en todo el territorio bonaerense aunque lo nieguen los señores Biolcati y Buzzi. Ahí está la amenaza al Ayuí en Corrientes. Ahí la minería depredadora en San Juan y otras provincias. Ahí la inoperancia manifiesta de la Ley de Bosques. Y ahí el insólito, ya insostenible veto presidencial a la Ley de Defensa de los Glaciares.
¿Cómo es posible que el Gobierno no advierta la estupidez de ese veto, tan grave como su inacción frente a las mineras y su permisividad con "espectáculos" como este rally, en el que hasta las Fuerzas Armadas prestan colaboración? ¿Y que en la durísima oposición casi ningún dirigente ni partido, con la sola excepción de Pino Solanas, se ocupe de estos asuntos? ¿Y que la gran mayoría de los argentinos, y sobre todo sus dirigentes, sean tan inconscientes, o corruptos, que no reaccionan ante la destrucción de nuestro hermoso territorio?
Es desesperante que a estas preguntas las responda el silencio. Es gravísimo que seamos uno de los países más estúpida y ambientalmente suicidas del planeta."
Autor de la nota: Mempo Giardinelli
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EN CHILE
Pese a lo contundente de las conclusiones realizadas por el Consejo de Monumentos Nacionales, organismo técnico del Estado de Chile encargado de la protección y tuición del patrimonio cultural y natural, que entre sus principales tareas tiene por misión: "Proteger y velar por la conservación de los Monumentos Nacionales que tienen por el solo ministerio de la ley protección oficial: Monumentos Arqueológicos, Monumentos Paleontológicos y Monumentos Públicos." Nada se avanzó, por el contrario, en la versión 2012 desaparecieron las medidas de compensación, que implican el rescate de los sitios que serán destruidos, el análisis científico de los materiales y la publicación de los resultados. La ausencia de medidas de compensación acentúa aún más la existencia de un delito de destrucción de sitio arqueológico, ya que la compensación busca generar un beneficio equivalente al daño
El patrimonio cultural se caracteriza por su fragilidad y carácter de recurso no renovable. Esta situación es aún más dramática tratándose de patrimonio cultural arqueológico, donde la desaparición de sus ejecutores y contextos de uso originales hace virtualmente imposible, que luego de su destrucción, ellos sean recuperados.
Entre los tratados sobre derechos humanos que se encuentran vigentes, y que es elevado a rango constitucional por la reforma de 1989 (artículo 5 inciso 2°), se encuentra el Convenio sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural. Este Convenio protege al patrimonio cultural en sentido genérico y obliga al Estado de Chile y a sus órganos, al pleno respeto y resguardo de estos bienes. La Convención señala que las obligaciones de los Estados partes consisten en identificar, proteger, conservar, rehabilitar y transmitir a las generaciones futuras el patrimonio cultural y natural situado en su territorio y establece las formas de ello en el artículo 5°.
Con la realización del Dakar en territorio chileno se han producido numerosos casos de destrucción de sitios arqueológicos, conducta que constituye un delito, de acuerdo a lo prescrito por el artículo 38 de la Ley 17.288, no obstante, al ser una actividad auspiciada por organismos del Estado de Chile (Instituto Nacional del Deporte) estos delitos han quedado impunes y más aún se proyectan nuevas versiones de esta actividad. La situación es aún más grave en la versión Dakar 2011 donde incluso se han eliminado del todo las medidas de compensación de la destrucción producida. El Estado no ha asumido su propia responsabilidad ante estos hechos ilícitos.
Debemos recordar que normalmente cuando se producen delitos de destrucción de sitios arqueológicos es el Consejo de Defensa del Estado quien persigue a los culpables y demanda indemnizaciones a través de la Acción por Daño Ambiental. Sin embargo, en este caso, este organismo se ve impedido de accionar porque son organismos públicos quienes están detrás de la promoción y desarrollo del Rally Dakar en tierras chilenas, quedando estos delitos en una absoluta impunidad.
¿Quién defiende a las futuras generaciones de las omisiones del Estado?, resulta muy difícil alzar la voz y romper los cercos de impunidad cuando son las voluntades políticas las que acallan a sus propios organismos técnicos.
El arqueólogo Angel Cabezas, vicepresidente del Comité Internacional de Patrimonio Inmaterial, afirmó que el paso del Rally Dakar por Chile ha producido "una herida profunda en el desierto, cuya cicatriz vamos a contemplar durante cientos de años". Por esa razón, el Consejo de Monumentos Nacionales, el Colegio de Arqueólogos y Arquitectos presentaron una denuncia penal en la comuna de Pozo Almonte (Iquique, 1.800 kilómetros al norte de Santiago), que fue acogida, para que se investigue. Explicó en entrevista con radio Bío Bío que hay daño a campamentos indígenas prehispánicos, a sitios históricos coloniales, a los de la era del salitre e incluso a pequeños cementerios. "En la práctica, apuntó, va ser casi imposible verificar muchos de estos daños porque la huella, la herida, la cicatriz que deja en el desierto son más de cien metros de ancho por donde han pasado motocicletas, camiones, vehículos, camiones, que la verdad no deja nada a su paso", graficó. "Lo que se debería hacer, es estudiar previamente la ruta para tratar de que provoque el mínimo daño. Pero si bien es posible hacer algunas competencias, la magnitud y longitud hace el daño irreversible", remarcó el arqueólogo. Contó que el Consejo de Monumentos sólo conoce la ruta exacta hasta algunos días antes y los pilotos la manejan con GPS, pero "yo he visto que la van variando de acuerdo a la realidad topográfica". "Hay que entender que estás en medio del desierto, cerros, dunas, y los vehículos lo que buscan es generar velocidad, acortar la ruta. Chile se está jugando una imagen de corto plazo y un daño a largo plazo", resumió. Aunque consideró que la ciudadanía tiene más conciencia que antes del patrimonio arqueológico e histórico, opinó que no cree que haya maldad de la autoridad sino que están colisionando dos visiones.
Una es de corto plazo y apunta a que Chile deja una imagen internacional, pero el costo es gigantesco para el patrimonio paisajístico, ambiental y arqueológico", completó.
"Nosotros estamos hipotecando el futuro del país. Hay que preguntarse por qué el Rally Dakar salió de Africa, por qué los expulsaron", finalizó el especialista.
